Lugar en el que fueron asesinados por la policía José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez
Dios no existe, creedme, pero no estoy seguro de que a Satanás le pase lo mismo. Hay años, tiempos, cosas y hombres que parecen pertenecerle. El año 80, el año negro, el año sanguinario, el año luctuoso, aquellos funestos meses, aquel año de mierda, fue uno de esos tiempos que arrancaría de mi vida con tenazas candentes, pero no se puede. La muerte, la matanza, nos rodeaba, una memez vana, ubérrima en dolor, miserias y maldades, rompía las puertas de mi vida y hacía saco en ella, el mundo cambiaba como una materia que se descompone y cuanto había de valioso hasta entonces o moría o ser perdía.
El año 80 fue el año de nuestra derrota. Vencidos y pulverizados, sólo acertamos a ir enterrando muertos, a mascar penas y a mirar asqueados cómo la idiotez, arrogante y engrandecida, se burlaba y nos hacía muecas desde su trono de impostora; pero el año 80 empezó un poco antes de lo habitual. Se inauguró en una noche de diciembre del 79. Aquí están los nombres de los asesinos. Los maldigo y maldigo dos veces, les entrego mi desprecio, mi asco, a los consentidores y maldigo también a los cobardes, a los pusilánimes que entonces prefirieron no mirar y que ahora prefieren no recordar.
La fotografía es del lugar en el que fueron ametrallados por la policía de Adolfo Suárez, José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez, del lugar donde esos mismos policías bailaron sobre los charcos de sangre de los muertos. Repito, aquí están los nombres de sus asesinos, de los que les ampararon y de los que les ordenaron.
El 13 de diciembre, en Madrid, tras una manifestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), mueren, a consecuencia de los disparos efectuados por la policía, los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez. Ese día se celebran cuatro manifestaciones en la capital. Una por la mañana, autorizada, patrocinada por el movimiento sindical universitario, a la que asisten decenas de miles de estudiantes y en la que se producen fuertes enfrentamientos con la policía. Las otras tres tienen lugar por la tarde. Una en Cuatro Caminos, convocada por la Coordinadora de Enseñanza Media y Formación Profesional, en la que se reproducen los enfrentamientos con las FOP. Otra en la calle de Princesa, donde los estudiantes de las universidades madrileñas han convocado a la misma hora una concentración. Los estudiantes de las dos manifestaciones estudiantiles, disueltos violentamente por la policía, van protagonizando distintos «saltos» por el centro de la ciudad, acercándose a una tercera manifestación, convocada por CCOO, USO y el Sindicato Unitario, que en esos momentos transcurre por la calle de Embajadores. Los estudiantes y los obreros confluyen a la altura de la Ronda de Valencia, cerca de la Glorieta de Embajadores, donde se levantan barricadas para impedir el paso de los vahículos policiales. La dotación de un Land Rover policial comienza a disparar sus subfusiles y provoca dos muertos y varios heridos de bala. En el costado de un autobús de la EMT, cruzado en la Ronda de Valencia, se pueden ver decenas de orificios de bala, a la altura de la cabeza de los manifestantes. Cuando la concentración está prácticamente disuelta, policías antidisturbios, en obvio estado de ebriedad, se dedican a introducír sus dedos en los agujeros que han provocado los proyectiles, entre risotadas, y chapotean con sus botas en los charcos que la sangre de los muertos ha dejado sobre el asfalto.
Varios testigos presenciales de aquella barbarie somos citados a declarar ante el juez instructor del caso, Clemente Auger, magistrado del juzgado de Instrucción n° 3, que, por primera vez en la Transición, solicita el procesamiento de tres policías como presuntos autores de un delito de homicidio. Son los funcionarios Francisco Antonio Garrido Sánchez, Juan José López Tapia y Manuel Ortega García.
La reconstrucción de los hechos realizada por el juez difiere enormemente de la versión oficial dada por la Dirección General de Seguridad y el ministro del Interior Antonio Ibáñez Freire. José Luis Montañés ingresa ya cadáver en el Hospital Provincial, a consecuencia de un disparo que le atraviesa el cuello. Emilio Martínez presenta una herida en el hemitórax derecho y se le extrae la bala. Se comprueba que ha sido disparada por un policía nacional Manuel Ortega García. Otro funcionario, Antonio Francisco Garrido Sánchez, reconoce haber disparado ocho veces al aire. Sin embargo, sus balas hieren a Luis Sáenz Robles en una rodilla y a Esteban Montero en el cuerpo. Se producen enormes presiones policiales y hay una gran crispación en los centros sanitarios donde están ingrsados los heridos. La policía intenta recuperar las balas. La versión policial de que el jeep estaba acorralado no se sostiene, la desmienten numerosos testigos presenciales y, además, resulta elocuente comprobar la ubicación de algunos de los heridos: María Patricia McAnurty, de nancionalidad británica, que se encuentra visitando Madrid como turista, recibe un impacto de bala en la calle de Bernardino Obregón. Esteban Montoro es herido de bala cuando está en la Glorieta de Embajadores. Sólo Luis Sáenz Robles recibe el disparo a menos de 50 metros del jeep, cuando está junto a la calle de Valencia. Pero el gobernador civil Juan José Rosón no varía su versión. Continúa sosteniendo que el jeep policial ha sido agredido y rodeado, a pesar de las evidencias en contra que va desvelando la instrucción judicial. El sumario cuestiona también claramente las roturas que presenta el vehículo, supuestamente maquillado para la ocasión por orden del comandante de las FOP Jaime Togores Franco Romero, jefe de servicio en la DGS el 13 de diciembre, quien, según sus propias declaraciones, se encarga de conducier él mismo el coche policial, desde la Casa de Socorro a las dependencias de la DGS en la Puerta del Sol. La dotación del jeep tarda más de tres horas en llegar desde el lugar de la manifestación hasta el centro sanitario, que está a menos de dos kilómetros. Al parecer, «por problemas de tráfico». Los policías presentan también numerosas piedras que, según ellos, han sido lanzadas contra el Land Rover. Luego se comprueba que proceden de un río. Televisión Española repite hasta la saciedad que a José Luis Montañés se le ha encontrado una bolsa con setenta mil pesetas. Lo que no se aclarará más tarde es que, investigada la procedencia del dinero, se puede comprobar que el estudiante fallecido trabajaba como cobrador en la agencia de viajes Marsans y ese es el resultado de la recaudación del día. Todos los sobres con el dinero llevan el membrete de Marsans. Uno de ellos, que contiene 38.403 pesetas, está, curiosamente, a nombre de la mujer del ministro de Universidades, González Seara. Es el pago por unos billetes para el vuelo Madrid-Viena.
El día de la reconstrucción judicial de los hechos, dirigida por Clemente Auger, los policías presentes no cesan de amenazar e intimidar a quienes hemos sido citados como testigos y el juez tiene que ordenarles que se retiren unos metros. Cuando la autoridad judicial desaparece, destrozan a patadas el pequeño túmulo construido con velas en el lugar donde cayeron muertos los dos jóvenes. Un documental elaborado en súper ocho por dos estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información, en el que se recogen esclarecedores testimonios y se reconstruyen minuciosamente los hechos, es secuestrado por la autoridad gubernativa, que también ordena detener a los autores de la cinta.
El juez Clemente Auger eleva la instrucción del caso a la Audiencia Provincial, solicitando el procesamiento de los tres policías. Forman parte de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial los magistrados Francisco Alberto Gutiérrez Moreno y Alberto Leiva Rey, este último ha sido gobernador civil de Sevilla en vida de Franco. Cuando tomó posesión de ese cargo en la ciudad hispalense, manifestó públicamente en su declaración de intenciones: «Hago poco, pero duro». Y el gracejo sevillano lo bautizó como «el estreñido». Preside la sala el magistrado Luis Pérez Lemaur García, a quien le gusta lucir ostensiblemente la bandera nacional con el aguilucho franquista en su chaqueta. El procesamiento de los tres policías es denegado y se archiva el caso.
Cinco años más tarde, el 13 de diciembre de 1984, uno de los testigos de los asesinatos de José Luis y Emilio, José Luis Carrero Arranz, participa en una manifestación en recuerdo de los dos jóvenes asesinados, que también es reprimida por la policía. Cuando ya se retira de la zona, recibe un balazo por la espalda. Afortunadamente, el disparo de la policía no le afecta a ningún órgano vital y consigue salvar la vida. En el hospital del Instituto de Cirugías Especiales (ICE), en San Bernardo, donde es operado con éxito el herido, se vuelve a repetir una historia ya vivida en 1979. Ahora está en el gobierno el PSOE y el ministro del Interior es José Barrionuevo, antiguo miembro del SEU franquista, reconvertido al socialismo de Felipe González, pero hay cosas que no cambian. Esta vez, los policías sí consiguen arrebatar el proyectil a los médicos. Dos agentes esperan a pie de quirófano a que termine la intervención y obligan al cirujano a que les entregue la bala que ha herido a José Luis Carrero. Nunca se sabrá qué policía disparó contra él.
Alfredo Grimaldos. «La Sombra de Franco en la Transición«