EL MAQUISARD

España miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.

Mañana hay elecciones generales en la zahúrda hispánica y en esta tierra de impostura, el único lugar del universo mundo en que el populacho vitorea a las cadenas, se espera sin remedio que la marranalla fascista alcance un número decisivo de diputados.

No es de extrañar en esta calamidad, en este fiasco, en esta península malograda, donde la decencia ha de ser locura y el servilismo admirable virtud. Maldita sea España y malditos sus españoles, que marchan con sones de cuplé, risibles e impostados, a los desposorios con la Muerte.

Consumad pronto, canalla fementida, con ese esqueleto, odiosa estirpe de buscones y curas de andorga repleta, necrófilos nauseabundos, clerigalla zafia, desechos de la humana condición, matones en jauría, moríos pronto, pues lo mejor para vosotros sería no haber nacido y lo mejor, en segundo lugar, es morir en breve. Estinguíos, fracasado y estéril linaje, que convertís en ceniza cuanto, a vuestro alcance, nace valioso.

Juan Negrín y su ministro de la guerra, Indalecio Prieto

Asistimos, últimamente, una una discreta pero tenaz reivindicación de Juan Negrín (en la fotografía junto Indalecio Prieto, otro de los personajes más retorcidos de la reacción «republicana»). Historiadores tan proliberales, tan demócratas, tan morigerados como Angel Viñas, Paul Preston o, incluso, más escorados hacia el PCE, como Julio Aróstegui, han enarbolado el pendón de esta causa.

A pesar de no negar la preponderancia del PCE y su influencia a partir de la primavera de 1937, no sólo se subraya el incansable esfuerzo de Negrín por recuperar la legalidad y reconstruir el Estado y sus instrumentos, por controlar a los «incontrolados» y por «centralizar el esfuerzo de guerra», sino que se descubre y afirma que este tipo no era un pelele de Moscú, es decir, de Stalin.

Todo esto es cierto, sobre todo lo último. Negrín no fue un hombre subordinado al PCE, sino que encontró en los stalinistas el único aliado con fuerza y medios capaz de servirle, a él y a Prieto, en su propósito declarado de liquidar definitivamente la revolución del 19 de julio; y juntos lo consiguieron.

En tal sentido, el libro de Paul Preston, El Holocausto Español, alcanza cotas de libelo en su capítulo 11, titulado «La Lucha de la República contra el Enemigo Interior». Supuesta esta obra como un estudio de la represión durante la guerra en ambos bandos, los esfuerzos que se hacen en él para ocultar, falsear y obviar la represión stalinista contra la revolución oscilan entre lo patético y lo ridículo.

Trata decorosamente el asesinato de Nin, incluso le dedica alguna página a los asesinatos de Erwin Wolf y Kurt Landau, en este último caso para, aprovechando las acciones de protesta de su esposa, Katia Landau, contarnos cómo Negrín concedía a los presos unos derechos inimaginables entre los fascistas; pero cuando se refiere a la orden de Negrín de suspender la investigación del asesinato de Nin dice: «Negrín, aunque apoyó la destitución de Ortega y recelaba completamente de Orlov, no pensaba permitir que las nuevas revelaciones minaran la unidad del Consejo de Ministros, por lo que tomó la difícil decisión de suspender la investigación, pues del mismo modo que se oponía a la represión fuera del marco oficial, creía también que la rebelión temeraria del POUM, que de hecho equivalía a traición, no podía tolerarse en tiempos de guerra».

Más grave aún es la forma en que se silencia el contenido de la represión del aparato policiaco puesto en pie por este hombre y por Prieto, el creador del SIM (Servicio de Inteligencia Militar). Al respecto afirma lo siguiente: «La República, al igual que otras sociedades democráticas cuya existencia se ve amenazada, adoptó prácticas contrarias a la democracia, como la censura, el internamiento sin juicio previo, la suspensión de las libertades civiles, la prohibición de las huelgas en las industrias esenciales y el servicio militar obligatorio. A fin de poner al descubierto redes de la Quinta Columna y conseguir confesiones, a partir de mayo de 1938, el SIM llevó a cabo detenciones ilegales, y en ocasiones sus agentes utilizaron refinados métodos de tortura».

De lo anterior, el inocente lector deducirá que tales prácticas iban dirigidas contra fascistas y quintacolumnistas y en esa deducción se equivocará mucho, porque ni para Stalin, quien en el año 38 tenía ya más que pergeñado su pacto con Hitler, ni para Negrín, que estaba formulando su política de «reconciliación nacional con los buenos españoles», aquel era momento oportuno en el que ensañarse con los fascistas, sino todo lo contrario.

De hecho, tan pronto como en 1937, con su gobierno recién constituido y ante los rumores de un inminente armisticio, Negrín declaró: «Antes de hablar de armisticio, hay que desarmar y pacificar la retaguardia», es decir, antes de rendirse a Franco hay que desarmar a los milicianos, al proletariado en armas, y liquidar definitivamente la revolución.

Y eso es lo que hizo Negrín, con la imprescindible cooperación del PCE y los rusos, a través del SIM y del Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición, del que Preston dice que reflejaba «la firmeza de Negrín ante los desacatos a la autoridad del estado», desacatos que no eran «cometidos» por los fascistas, sino por los Comités obreros, las colectividades y los milicianos, es decir, por los revolucionarios.

Así, el liberal historiador dice: «En Cataluña, donde los tribunales eran con mucho los más activos, se dictaron 173 penas de muerte entre diciembre de 1937 y diciembre de 1938″ sin que merezca la pena dar una razón de por qué esos tribunales de excepción eran tan activos en Cataluña. A fin de cuentas, todo el mundo sabe que era en allí donde la revolución social había echado las raíces más hondas y donde los militantes de la CNT y el POUM (también en la medida de sus escasas fuerzas, los trotskistas de Munis o de Fosco) debían ser reprimidos con mayor dedicación.

No tenemos, en definitiva, una historia de la represión contrarevolucionaria de la República, nadie tiene interés en contar quienes y cuántos eran los presos de la checa de Vallmajor o «Preventorio D» o del «Preventorio G» de la calle de Zaragoza, ambos regentados por el SIM, o del convento de santa Úrsula, prisión controlada por el PCE, o de los seis campos de concentración que el SIM puso en funcionamiento desde abril de 1938, el más grande de los cuales era el Albatera, en Alicante; lo que sí sabemos es que esas prisiones, las conocidas y las clandestinas, fueron el instrumento con el cual Negrín y el PCE cumplieron su propósito de «desarmar y pacificar la retaguardia», de liquidar la revolución, «antes de hablar de armisticio».

Reunión del Comité Central del PCE, 1958. De derecha a izquierda: Julián Grimau, Vicente Uribe, Leandro Carro.

Tan pronto como en diciembre de 1936 la Ejecutiva de la Komintern fijaba su posición, es decir la de Stalin, sobre la guerra de España: “La defensa de la república democrática y parlamentaria, la república frente-populista que garantiza los derechos y libertades del pueblo español”.

Que esto no era en absoluto un camuflaje, sino el indiscutible posicionamiento de Stalin, la Komintern y, por consiguiente, el PCE, al lado de la república capitalista, quedó claro en un artículo de Pravda de 17 de noviembre de 1936: “En lo que respecta a Cataluña, ya ha empezado la eliminación de elementos trotskistas y anarquistas, que será llevada a cabo con la misma energía que en la URSS”.

En esta “energía” con la que se “eliminaban” elementos trotskistas y anarquistas, el venerado Julián Grimau tuvo su protagonismo junto al Comisario General de la Brigada Criminal, Javier Méndez Carballo, curiosamente miembro de la CNT, al que Grimau supervisaba.

Su nombre, el de Grimau, desplegando su “energía” de stalinista fiel, de contrarrevolucionario, contra esos “elementos” que debían ser “eliminados”, aparece en el sumario 94/1938 por el que se procesa como reos de alta traición, a los miembros de la “Sección Bolchevique-Leninista de España” (trotskistas) Luis Zanon Grim, Manuel Fernández Grandizo y Martínez, Adolfo Carlini Roca (Domenico Sedran, italiano), Aage Kielso (danés), Jaime Fernández Rodríguez, Teodoro Sanz Hernández y Vítor Ondik (checo).

Se les acusaba a todos del asesinato del capitán de las B. I., agente del SIM y, desde luego, un hombre de Orlov, el jefe de la NKVD en España, León Narwick, muerto de tres tiros en la cabeza el día 10 de febrero de 1938 en un despoblado de la calle Legalidad de Barcelona, cerca de Can Compte; y también de preparar atentados contra Negrín, La Pasionaria e Indalecio Prieto.

Narwick, infiltrado en el POUM, estaba en ese momento intentando hacer lo mismo en la organización de Grandizo Munis, la SBLE. Fue reconocido, después de iniciada la persecución contra el POUM y del asesinato de Nin, por Juan Andrade en una fotografía en la que aparecía junto a Líster. Así mismo, informaciones de los franceses y de Eduardo Mauricio, entonces en Barcelona, advirtieron al POUM y a la SBLE de la condición de “soplón” de Narwick. Por otra parte, a los detenidos del POUM se les exhibían en los “interrogatorios” fotografías que se sabían tomadas por aquél. En consecuencia, miembros del POUM deciden despachar al polaco. De ello se encargaron los militantes de ese partido, Albert Masó y Lluis Puig.

Que esto se conozca y sean ya hechos establecidos, es suficiente para demostrar que el proceso contra la organización trotskista española era un montaje preparado según los métodos inaugurados por el primer proceso de Moscú, y eso sin necesidad de tener en cuenta que todos los detenidos, salvo Zanon, fueron llevados a los sótanos de Vía Layetana (entonces vía Durruti); que los “interrogatorios” se realizaron en las dependencias de la Brigada Criminal de la plaza Berenguer; que la acusación se basó exclusivamente en la “declaración” de Luis Zanón, quien no aguantó los “interrogatorios”; y que los presos fueron mantenidos en esas condiciones, sin comunicación ni abogado, durante un mes, antes de ser puestos a disposición del Tribunal de Espionaje y Alta Traición de Barcelona.

Pues bien, en este montaje, en el que fueron denunciadas torturas por los detenidos, Julián Grimau García asistió a todos los “interrogatorios”, firmando las actas en calidad de secretario. No hacía sino poner en práctica la consigna de la Pasionaria, esa ancianita encantadora cuya fotografía adorna todos y cada uno de los locales del PCE, pródiga en veneno y en infamias, que en un mitin de Valencia, refiriéndose al proceso del POUM, había dicho: “Es mejor condenar a cien inocentes que absolver a un culpable”.

Años después, en las mazmorras de Franco, esperando la saca que le llevaría ante el pelotón de fusilamiento, Grimau puede que recordara aquel año de 1938, en el que la mentira, la tortura y la muerte se habían hecho su herramienta cotidiana contra la revolución.

Grandizo Munis en 1977

Manuel Fernández Grandizo y Martínez (18/4/1912 – 4/2/1989), cono­cido por el seudónimo de « G. Munis », nació en Torreón (México). A los tres años de edad vino a España con sus padres, residiendo en Extremadura. Su padre representaba una fábrica de harinas. A los once años su familia volvió a Méjico, residiendo allí hasta los diecisiete años, en que regresó a España. Se inició desde muy joven en las actividades políticas. Participó en las huelgas campesinas de Llerena. Fue uno de los fun­dadores de la Oposi­ción Comunista de Izquierda en España (OCI), esto es, de la organiza­ción internacional impulsada por León Trots­ky. Colabo­ró en la prensa de la Izquierda comu­nista de España (ICE), nuevo nombre adoptado por la Oposición comu­nista: La Antor­cha, Joven Espartaco, El Soviet, Comunismo. Intervino sucesivamente en la campaña de las elecciones municipales de abril de 1931, que consiguieron derrocar a la monarquía, y luego en la de las Cortes Constituyentes. Meses después, en México, contribuyó a la fundación clandestina de la Oposi­ción trosquista. Detenido en un mitin fue expulsado del país, y regresó de nuevo a la península.

En enero de 1933, Munis tuvo una destacada intervención en la “controversia” que la organización de la ICE en Llerena mantuvo con una delegación del PCE, enviada especialmente desde Sevilla, con ánimo proselitista, y que salió claramente derrotada. La ICE tenía en Llerena más de un centenar de activísimos militantes, gracias a su destacada intervención en las huelgas campesinas de 1931-1932, al desprestigio de los socialistas, y al talento y capacidad organizativa de Luis Rastrollo (“L. Siem”), que había conseguido formar un nutrido plantel de capacitados líderes: Eduardo Mauricio (que firmaba “O. Emem” y era autor del relato de la “controversia”, en  Comunismo 21 de febrero 1933), Romualdo Fuentes, Félix Galán, José Martín, y el propio Munis.

De 1932 a 1933 fue miembro del grupo Lacroix, que sostenía la necesidad de mantenerse como Oposición al PCE y se oponía a la creación de un “segundo” partido comunista. Esta última posición, que fue la de Trotsky durante los años 30, quedó en minoría en la Tercera Conferencia de la OCI (marzo 1932), que cambió entonces de nombre para convertirse en Izquierda Comunista de España (ICE). Munis, a pesar de su desacuerdo, siguió militando en su seno. Cumplido el servicio militar fue nombrado a principios de 1934 represen­tante de la ICE en la Alianza Obrera de Ma­drid. Tras la insurrección de octubre del 34 fue encarcelado. Fue partidario de la táctica del entrismo en las Juventudes socialistas, como propugnaba Trotsky, y ya había sido anticipada en España por Esteban Bilbao. La tendencia que, en el seno de la ICE, se opuso a la fusión con el BOC, para constituir el POUM, estaba formada por Esteban Bilbao, Fersen y Munis. Esta tendencia apenas consiguió la adhesión de algún militante. Su ingreso en el PSOE no supuso la creación de ninguna fracción, ni tuvo peso específico alguno. Así pues Munis no militó nunca en el POUM, al que consideraba un partido centrista, incapaz de desempeñar ningún papel revolucionario.

A principios de 1936, Munis se fue a México, de donde regresó en cuanto tuvo noticia de la sublevación militar y la insurrec­ción obrera de julio. Regresó a España con el primer barco cargado de armamento, el Magallanes, que arribó a Cartagena a finales de octubre. Participó junto a sus compañeros en los combates del frente de Madrid, encuadrado en las mili­cias socialistas.

En noviembre de 1936 Munis fundó en Barcelona una nueva organización: la Sección bolchevique-leninista de España (SBLE), pro IV Internacional. La organización fundada por Munis publicó un Boletín desde enero de 1937, que a partir de abril tomó el nombre de  La Voz Leninista, en el que se criticaba a la CNT y el POUM su colabora­ción con el gobierno de la burguesía republicana, al tiempo que se propugnaba la formación de un Frente Obrero Revolucionario que tomase el poder, hiciera la revolución y dirigiese la guerra.

A finales de abril de 1937 Munis y Péret fueron a París para entrar en contacto con la organización internacional. Munis regresó a finales de mayo, acompañado probablemente por Erwin Wolf. Durante las “Jornadas de Barcelona de Mayo de 1937” sólo la Agrupación de Los Amigos de Durruti y los bolchevi­que-leninistas (BL) de la SBLE lanzaron octavillas, que propug­naban la conti­nuación de la lucha y se oponían a un alto el fuego. Fueron las únicas organizaciones que intentaron presentar y defender unos objetivos revolucio­narios a la insurrección de los trabajadores. La represión estalinista, tras la caída del gobierno de Largo Caballero, consiguió la ilegalización y proceso del POUM, pero también de Los Amigos de Durruti y de la SBLE. Al asesinato de los anarquistas Berneri, Barbieri y tantos otros de menor fama, siguió el asesinato y desaparición de los poumistas Nin y Landau, pero también de los camaradas de Munis: el hebreo alemán Hans David Freund (« Moulin »), el ex-se­cretario de Trots­ky Erwin Wolf (« N. Braun »), y su amigo personal Carrasco.

El propio Munis, con la mayoría de los militantes de la SBLE, fue encarcelado el 13 de febrero de 1938. Fueron acusados de sabotaje y espionaje al servicio de Franco, de proyecto de asesinato de Negrín, « La Pasionaria », Díaz, Comorera, Prieto y un largo etcétera; así como de asesi­nato consumado en la persona del capitán polaco de las Brigadas Internacionales León Narwicz, agente del Servicio de Información Militar (SIM) infiltrado en el POUM. Fueron juzgados por un tribunal de Espionaje y Alta Traición, a puerta cerrada, e inicialmente sin defensa jurídi­ca, tras pasar un mes incomunicados y torturados en una checa estalinista, dirigida por Julián Grimau. El 11 de marzo de 1938 ingresaron en la Cárcel Modelo. El fiscal pidió pena de muerte para Munis, Domenico Sedran (« Adolfo Carlini ») y Jaime Fernández. A mediados de octubre testificó en el juicio contra el POUM, asumiendo ser el líder de los trosquistas y descargando por lo tanto a los poumistas de tal acusación. El 20 de diciembre de 1938 Munis, Víctor Ondik, Luis Zanon y Domenico Sedran (”Adolfo Carlini”) ingresaron en la Prisión del Estado, en el antiguo convento de la calle Deu i Mata. A raíz de la destacada participación de Munis en el amotinamiento de los presos revolucionarios fue trasladado, el 5 de enero de 1939, a la prisión del castillo de Montjuic. Las presiones internacionales y la voluntad de las autorida­des de que el juicio de los trosquistas se celebrara con posteriori­dad al del incoado contra el POUM, aplazaron la vista hasta el ¡26 de enero de 1939!

Jaime Fernández, internado en el campo de trabajo estalinis­ta de Omells de Na Gaia, y posteriormente movilizado, logró evadirse en octubre de 1938. Munis, que tras las acciones de protesta de los presos revoluciona­rios estaba encarcelado, como castigo, en el castillo de Montjuic, en el calabozo de los condenados a muerte, consiguió evadirse en el último momento. Carlini, enfermo, vivió algunos meses escondido en la Barcelona franquista, y cuando consiguió pasar la frontera fue internado en un campo de concentración. Munis había alcanzado la frontera francesa con el grueso de la avalancha de refugiados republi­canos, que huían ante el avance de las tropas franquistas, encuadrado en un grupo de presos políticos, en su mayoría militantes del POUM, en dos camiones preparados por Vicente de Vincente. Años después, ya en el exilio, le confesaron la existencia de una orden para ejecutar a todos los presos revolucionarios antes de retirarse hacia la frontera.

          La Lutte Ouvrière, que durante todo el año l938 había dado noticia de los pormenores de la detención, juicio y prisión de los militantes de la SBLE, publicó en sus números del 24-2-39 y 3-3-39 una entrevista con Munis sobre la caída sin resistencia de Barcelona en manos fascistas, que él achacaba al previo aplastamiento de los revolucionarios en la represión posterior a mayo de 1937. A fines de 1939, gracias a su nacionalidad mexicana, consiguió embarcar con destino a México, pero los intentos de conseguir refugio en ese país para sus camaradas fracasaron, ante la oposición de los estalinistas a la concesión del visado para los trosquistas. Es­tableció una asidua relación personal con León Trotsky y su mujer Natalia Sedova. Trotsky le encargó la dirección de la sección mexicana. En mayo de 1940 participó en la llamada conferencia de « alarma » de la IV Internacional.

En agosto de 1940, tras el asesinato de Trotsky, en cuyos funerales tomó la palabra, intervino repetidamente en el proceso incoado contra su asesino (Mercader) como representante de la parte acusadora. Se en­frentó decididamente contra los parla­mentarios estalinistas, así como contra la campaña de la prensa estalinista mexicana, que acusaba a « Munis », « Víctor Serge », « Gorkin », Regler y Pivert de agentes de la Gestapo. Pese a la amenaza de muerte realiza­da por los estalinistas, Munis retó a los diputados mexicanos que les calumniaban a renunciar a la inmunidad parlamentaria para enfrentarse a ellos ante un tribunal.

A partir de 1941 se unió a Benjamín Péret, también exi­liado en México, y a Natalia Sedova, en las críticas al Socia­list Workers Party (SWP), la organización trosquista estadouniden­se, que tomaba partido por uno de los bandos de la guerra imperialis­ta (Segunda guerra mundial), esto es, por el anti­fascismo.

Las divergencias se acentuaron ante la crítica del Grupo Español en México a los partidos francés e inglés, apoyados por la dirección de la IV Internacional, que tomaban posicio­nes favorables a la participación en las dis­tintas resisten­cias nacionales contra los nazis. El inmenso mérito de Munis, Péret y Natalia radicaba en la denuncia de la política de defensa del Estado « obrero degenerado » de la URSS, conjuntamente con el rechazo al apoyo de las resistencias nacionales antifascistas. El bando militar de los aliados, fueran éstos rusos, americanos, franceses o ingleses, no era mejor ni peor que el nazi. Abandonar la tradicional posición marxista de neutralidad en la guerra imperialista, esto es, optar por uno de los bandos burgueses en lucha, suponía abandonar toda perspectiva revolucionaria de lucha de clases y de transformación de la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. El avance de las tropas rusas no suponía ningún avance de la revolución, sino por el contrario la expansión del estali­nismo, esto es, de la contrarrevolución triunfante en Rusia, que en su política exterior había ya ahogado la revolución española, y que reprimía en su conquista militar cualquier manifestación revolucionaria en Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Alemania, Hungría o Bulgaria.

Las discrepancias entre el Grupo español y la direc­ción de la IV Internacional fueron cada vez más amplias e insalva­bles. Las posiciones de Munis, Péret y Natalia Sedova hallaron eco en varias secciones de la IV Internacional: en Italia el Partito Operaio Comunista (POC) dirigido por Romeo Mangano, en Francia la tendencia Penne­tier-Gallienne del Parti Communiste Interna­tionale (PCI), así como la mayoría de las secciones in­glesa y griega.

El Grupo español en México de la IV Internacional editó dos números de  19 de julio, y desde febrero de 1943 una publicación de carácter teórico, titulada  Contra la corriente, destinada a defender los prin­cipios del internacionalismo marxista, que a partir de marzo de 1945 fue sustituida por una nueva publicación, de carácter más práctico y combativo, titulada  Revolución. En la editorial mexicana de mismo nombre « Munis » y Péret, este último bajo el seudónimo de “Peralta”, publicaron varios folletos en los que desarrollaron sus teorías sobre la natura­leza del Estado ruso, que es definido como capitalismo de Estado, sobre la guerra imperialista y el papel de los revolu­cionarios, sobre la guerra civil española y el papel contra­rrevolucionario jugado por el estalinismo, así como sus críti­cas a la Cuarta Inter­nacional.

En junio de l947 Munis, Péret y Natalia Sedova iniciaron un proceso de ruptura con el trosquismo oficial con dos textos que criticaban duramente a la dirección de la Cuarta: la carta abierta al partido comu­nista internacional, sección francesa de la IV Inter­nacional, y « La Cuarta Internacional en peligro », preparado para la discu­sión interna del Congreso mundial.

En l948, ya establecidos Munis y Péret en Francia, se produjo la ruptura definitiva con el trosquismo en el II Con­greso de la IV Internacional. El congreso se negó a condenar la participación de los revolucionarios en la defensa nacio­nal, esto es, en la resistencia, y aprobó una resolución en la que se presentaba la rivalidad USA-URSS como la principal contradicción mundial. Esto, unido a la consigna de la defensa incondicional de Rusia, porque pese a todo era considerada como un Estado obrero degenerado, suponía defender el estali­nismo. Y lo que era aún mucho más grave: suponía sustituir la con­tradicción marxista fundamental de la lucha de clases entre burguesía y proletariado, por la nacionalista de apoyo a la URSS en su rivalidad con USA. Munis calificó estas posiciones del II Congreso de la IV Internacional de aberrantes y elaboró un documento de ruptura con el trosquismo por parte de la sección española, en el que profundizaba y confirmaba la definición de Rusia como capita­lismo de Estado, sin vestigio socialista alguno, y como poten­cia imperialista.

Con la llegada a Francia del Grupo español en México y la ruptura con el trosquismo, se impuso un cambio de nombre de la organización, que tomó el de Grupo comunista internacionalista de España (GCI). La reorganización del grupo en Francia era el primer paso para el inicio de la lucha clandestina en España. El grupo consiguió establecer una mínima infraestructura en Barcelona y Madrid. Publicaron y difundieron algunos folletos y octavillas en los que se denunciaba los horrores y la auténtica naturaleza del estalinismo español y de la dictadura fas­cista de Franco. En marzo de 1951, durante la huelga general de tranvías en Barcelona, el grupo lanzó octavillas en las que se defendía el carácter espontáneo del movimiento, frente a una propaganda franquista que lo atribuía a los consabidos masones y comunistas pagados por el oro de Moscú.

A causa de esas octavillas, y de los folletos que denun­ciaban la política contrarrevolucionaria de los estalinistas en España, Munis, Jaime y el resto de compañeros del grupo fueron detenidos simultáneamente en Madrid y Barcelona, el 11 de diciembre de 1952, algunos meses después de su intervención en las huelgas de tranvías de Barcelona. Fueron juzgados en consejo de guerra sumarísismo, por un tribunal militar de Madrid, acusados de rebelión militar. El 1 de febrero de 1954 se hizo público el fallo del tribunal: Munis fue conde­nado a diez años de prisión; Jaime Fernández a ocho años; María Fernández-Grandizo Martín (prima de Munis) a cuatro años; Jesús López Atance y Ángel Cebollero Constante a tres años; Ernesto Tojo Gaitán, Ignacio Leyva Valenzuela, Pedro Blanco Pérez y Miguel Pila Penagos a un año (ya cumplido en prisión preventiva).

Munis ingresó en el Penal de El Dueso, en Santoña, el 8 de mayo de 1954, procedente de la Prisión Provincial de Madrid, y obtuvo la libertad condicional el 16 de junio de 1957. Marchó a Francia, donde reanudó su actividad política. En 1958 fundó con Benjamin Péret, el poeta sur­realista francés, con Jaime Fernández, y otros antiguos camaradas de lucha, el grupo FOR (Fomento Obrero Revolucionario), en el que militó hasta su muerte, y que desde 1959 publicaba Alarma como órgano del citado grupo. Benjamín Péret falleció en 1959.

Al no obtener documentación de residencia en Francia, Munis viajaba a Italia para luego poder regresar a Francia. Residió, pues, de forma intermitente, durante algunos meses en Milán, donde entró en contacto con los grupos e ideas de la Izquierda comunista italiana. Sostuvo amplias y profundas discusiones con Onorato Damen, el dirigente del grupo “Battaglia Comunista”, de las que surgieron una mutua simpatía y respeto. Las tesis de FOR fueron difun­didas en Italia por la revista Azione Comunista. En Milán escribió y fechó dos de sus textos teóri­cos más importantes: Los sin­dicatos contra la revolución en 1960 y Pro Segundo Manifiesto Comunista en 1961.

En el libro dedicado a los sindicatos, Munis continuó el análisis histórico del sindicalismo iniciado por el desapare­cido Péret, definido brillantemente como un órgano fundamental del sistema capitalista en el seno del proletariado. Para Munis y Péret el sindicato es inconcebible sin el trabajo asalariado, lo cual presupone a su vez la existencia del capital. La función del sindicato es reglamentar la venta de la fuerza de trabajo. Y esta función se ha convertido en indispensable para el orden capita­lista contemporáneo. De ahí su creciente importancia actual, en todas partes, en tanto que estructuras complementarias del aparato estatal. Los sindi­catos están pasando, según Munis, de una fase de libre compe­tencia entre la oferta y la demanda a una fase de encuadra­miento de la oferta (del trabajo) por la demanda. O lo que es lo mismo: los sindicatos han abandonado su función de interme­diarios en la compraventa de la mercancía fuerza de trabajo, por la de un rígido control de esa mercancía por parte de un sindicato, convertido en aparato estatal o en monopolio capi­talista. De hecho, en muchos países, como constataba Munis, los sindicatos se han convertido en sociedades anónimas inver­soras, con bancos y empresas de su propiedad, que por vía directa o indirecta participan en los beneficios capitalistas. Los sindicatos llegan a dictar directamente, en nombre del capital, todas las condiciones de trabajo.

Munis, desde una perspectiva revolucionaria, afirmó que toda tentativa de dar una orientación subversiva a los sindi­catos estaba condenada al fracaso. La transición al socialismo implicaría forzosamente la destrucción de los sindicatos. Munis explicaba la baja afiliación sindical como consecuencia de la desconfianza y repulsión de los trabajadores. Por su­puesto éstos acuden al sindicato en caso de conflicto o viola­ción de los derechos que la legislación capitalista establece, del mismo modo que se dirigirían a una comisaría de policía en caso de robo o agresión. Munis concluyó que los sindicatos tenían una vida propia, sin más necesi­dad de la clase obrera que la de servirse de ella como dócil elemento de maniobra, en defensa de sus pro­pios intereses institucionales, empresariales o corporativos.

La crítica de Munis a los sindicatos es de carácter estratégico, en defensa de los principios marxistas fundamen­tales. Los sindicatos son analizados por Munis y Péret no como un ala derecha o reformista del movimiento obrero, sino como un pilar imprescindible de la sociedad capitalista actual y de sus nuevas exigencias de explotación del trabajo asalariado.

Los sindicatos, como advertía Munis, se adaptan perfecta­mente a la ley de concentración del capital y al desarrollo de las coerciones sociales e ideológicas que ello supone. El capital no es un propietario, sino una función económica, una relación social: la que se establece entre la clase que compra fuerza de trabajo y la clase libre de propiedades, que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo porque ése es su único medio de subsistencia. Los sindicatos son el intermediario en ese acto de compraventa de la mercancía fuerza de trabajo. Y se adaptan perfectamente al proceso de concentración monopo­lista del capital. Su destino está atado al del capital, no al de la revolución. A mayor concentración monopolista del capi­tal, mayor poder sindical. Munis afirmaba que los líderes obreros pueden presen­tarse, mediante la supresión del capita­lista privado, como la solución a las contradicciones socia­les; pero ello sólo signi­ficaría el paso a una sociedad de mayor explotación.

En el libro titulado Pro Segundo Manifiesto Comunista, estudió Munis la revolución rusa y su trayectoria hacia el estalinismo. Munis afirmó que la revolución rusa fue una revolución política, pero no socialista sino permanente, con el significado que Trotsky le dio en sus libros 1905 y La revolución permanente, y Lenin en sus Tesis de abril. Una revolución que enlazaba la destrucción de la sociedad feudal y zarista con las primeras tareas de la revolución burguesa, ensamblada con medidas socialistas. Pero era indispensable el triunfo de la revolución comunista en Europa. El fracaso de la extensión internacional de la revolución, aislada y acosada en Rusia, obligó a instaurar la NEP, y el capitalismo de Estado que ello comportaba, aún bajo el control del proletariado. La NEP significó en realidad el fin de la revolución permanente y el inicio de una regresión revolucio­naria. La contrarrevolu­ción estalinista dotó a Rusia de un capitalismo de Estado tan imperialista como su rival americano, aunque mucho más débil.

La gran mentira que dividió y encadenó al movimiento obrero internacional fue la de presentar ese capitalismo de Estado ruso como el socialismo. Todos los partidos comunistas jugaron en sus respectivos países un papel contrarrevoluciona­rio, inapreciable para el capitalismo internacional.

Munis calificó a la IV Internacional y a las distintas revoluciones comunistas nacionales en los países del Este europeo, China, Cuba, Argelia, etcétera, como avanzadillas de la extensión de la contrarrevolución estalinista. Y afir­mó en pleno auge de las luchas de liberación nacional, en los años sesenta, que toda lucha nacional era reaccionaria.

El texto de Munis, firmado FOR, finalizaba con la procla­mación de un programa que unía reivindicaciones clave de la lucha económica de la clase obrera, que se resumían en el lema: « menos trabajo y más paga », con reivindicaciones políti­cas tales como la libertad de prensa, de huelga, de reunión y de organización, al margen de los partidos y los sindicatos; para terminar con los objetivos programáticos comunistas tales como la supresión del trabajo asalariado, la supresión de fronteras y la instauración de la dictadura del proletariado, inseparable de la más estricta democracia en el seno de las masas trabajadoras.

Tras la edición de estos dos textos fundamentales en su pensamiento teórico, Munis pudo establecerse de nuevo en Francia. En 1966 se intentó un nuevo el relanzamiento del grupo en la España franquista, a cuyo fin FOR publicó un llamamiento. Munis prosiguió su labor organizativa en FOR, y propagandística y teórica en  Alarma.

Entre 1966 y 1972 participó en diversas iniciativas y debates con las distintas corrientes revolucionarias, surgidas de la ebullición social y política que mayo del 68 provocó en Francia, y el otoño del 69 en Italia. El pasado revolucionario de Munis y su labor teórica innovadora respecto al sindicalis­mo, el estalinismo y el capitalismo de Estado, le dieron cierto prestigio, y no pocas de sus aportaciones teóricas fueron recogidas y apropiadas por diferentes tendencias y parti­dos políticos.

Bien entendido que tal prestigio no se convirtió en ningu­na moda o efímera fama, tipo Marcuse, sino en un sólido punto de apoyo teórico en el marasmo y confusión que cincuen­ta años de contrarrevolución estalinista habían im­preso en el pensamiento marxista.

En 1975 Spartacus publicó en francés un nuevo libro de Munis, que profundi­zaba y sintetizaba a la vez sus críticas del estali­nismo y del capitalismo de Estado ruso, titulado Parti-Etat, stalinisme, révolution.

Entre 1973 y 1976 publicó en Alarma, órgano de FOR, tres importantes artículos teóricos. En el artículo publicado en 1973, titulado « Clase revolu­cionaria, organización política y dictadura del proletariado », retomaba el viejo tema desarrollado por Lenin en ¿Qué hacer?, sobre la relación entre masa y vanguardia política, y de la introducción de la con­cien­cia revolucionaria en la clase obrera por parte de una mino­ría. Es sumamente interesante la enciclopédica exposición que efectúa Munis de la concepción que de la dictadura del proletariado realizan a lo largo de la historia las diversas corrientes marxistas, desde Lenin y Otto Rühle hasta los bordiguistas y los consejistas, así como la rigurosa crítica a la que son sometidos.

En 1974 apareció en Alarma una acerada crítica de Munis a la Corriente Comunista Internacional, en el que se debatía el carácter de la decadencia del capitalismo, así como la exis­tencia o no de una crisis económica de sobreproducción, y la influencia positiva o negativa que tendría en un estallido revolucionario. Munis negaba la existencia de una crisis económica de sobrepro­ducción, y negaba además que ésta, en caso de existir, supusiera el punto de partida de una situa­ción revolucionaria. En 1976 Munis publicó en Alarma un artículo titulado « Consciencia revolucionaria y clase para sí », que comple­mentaba e incidía en los temas tratados en los dos artículos anteriormente comentados.

Entre 1977 y 1981, iniciada la transición democrática, se produjo un nuevo relanzamiento de FOR en España. En abril de 1977 apareció el número uno de la tercera serie de Alarma, cuya publicación se había iniciado en 1958. También en 1977 está fechada la Reafirmación, como epílogo de la nueva edición que la editorial Zero-Zyx hizo de su libro sobre la guerra civil española: Jalones de derrota, promesa de victoria.

En esa reafirmación Munis, aunque revisa algunos aspec­tos del libro editado en 1948, hace una apolo­gía de la revolu­ción española, considerada como más profunda que la revolución rusa. Para Munis la insurrección de julio del 36 y los Hechos de Mayo del 37 son el momento culminante de la oleada revolu­cionaria mundial iniciada en 1917 en Rusia. Munis no consideró nunca que Mayo de 1937 fuera una lucha fratricida entre traba­jadores, sino que siguió fiel al análisis trosquis­ta de los años treinta. Afirmó y reafirmó que en España la revolución fracasó por la ausencia de un partido revolucio­nario. En julio del 36 los trabajadores desarmados vencieron al ejército capitalista; en mayo del 37 los obreros armados se enfrentaron a la contrarre­volución, encarnada por el Partido comunista, pero fueron derrotados por sus propios dirigentes, por sus propias or­ganizaciones sindicales y políticas. Sin teoría revolucionaria no hay revolución. Sin partido revolucionario toda insurrección está destinada al fracaso. En julio del 36 la clase obrera estaba desarmada, pero tenía unos objetivos políticos claros: enfren­tarse al fascismo y a la sublevación militar. La ausencia de un partido revolucionario produjo una situación histórica paradóji­ca: la clase obrera en armas y dueña de la calle dejó el aparato estatal en manos de la burguesía republicana. En mayo del 37 la clase obrera armada intentó defender las conquistas revoluciona­rias de julio, pero políti­camente estaba desarmada: ninguna organización obrera de masas planteó como objetivo la toma del poder. Las organiza­ciones minoritarias que lo hicieron fueron desautorizadas, ilega­li­zadas y perseguidas. La insurrección triunfó desde un punto de vista militar, pero fracasó política­mente. Franco no necesitó aplastar la revolución, ya lo habían hecho estalinistas y republicanos.

Dedicado al trabajo organizativo de FOR, que llegó a tener secciones en USA y Grecia, además de la española y francesa, Munis no abandonó nunca su labor teórica y militante. En febrero de 1986 participó en unas jornadas de balance revolu­cionario de la guerra civil española, convocadas por FOR, con partici­pación de militantes pertenecientes a un amplio abanico de corrientes políticas. En el momento de su muerte nos dejó ya acabado un nuevo libro, inédito, dedicado al estudio del Estado y los problemas que plantea su supresión en una sociedad comu­nista.

Munis falleció en París el 4 de febrero de 1989. Póstumamente hemos asistido a la traducción al francés e italiano de su libro Jalones de derrota, promesa de victoria, y está en curso de edición la publicación de sus Obras completas [hoy día ya publicadas por Muñoz Moya Editores].

Agustín Guillamón. Barcelona, marzo 2009.

Archivo Grandizo Munis. Marxists Internet Arvhive.

Grandizo Munis, obras completas. Alejandría Proletaria.

Capilla ardiente de Andrés García Fernández, asesinado por los fascistas en Madrid el 29 de abril de 1979

Uno, que se hace viejo, tiene ya pocas ganas de olvidar y de contemporizar con la mitología. La vejez me está volviendo irascible e impaciente y a estas alturas ya estoy harto de la hagiografía que hace del PCE el laureado héroe de la “lucha por la libertad y la democracia”.

A este lodo, a este pozo negro hemos llegado por algo, después de una completa derrota y para esa derrota, otra vez, el PCE fue órgano imprescindible, la única organización que estaba en condiciones –si obviamos al PSOE que por sabido se calla– de desmovilizar, acallar, ahogar y sabotear todas las resistencias que permanecían vivas a partir de noviembre de 1975; y a contrario, también, la única organización con fuerza suficiente para haber hecho lo contrario, atizar el incendio y no asfixiarlo.

No hago cuenta aquí de la vida y hechos de cada uno de sus militantes, algunos de los cuales pagaron esa misma política del PCE con la vida y el olvido en los sangrientos años que fueron de 1976 a 1980-81. Estuve en la capilla ardiente de Andrés García (La fotografía es de aquella noche). Los fascistas le habían apuñalado en la C/ Goya de Madrid, no porque se enfrentara a ellos, sino porque se cruzó con ellos. Tenía 18 años y los que le mataron no sabían que fuera militante de las Juventudes Comunistas. Lo mataron porque era la víspera del 1º de Mayo y se había vuelto una tradición matar a alguien en los días previos a esa fecha.

Estuve allí, digo, donde se velaba el cadáver de ese muchacho. El lugar rebosaba de coronas de flores con cintas rojas, el muerto estaba blanco, como están los muertos y unos “camaradas” se encargaban de esparcir vehementemente las consignas de “tranquilidad”, de “no caer en la provocación”, de “no ser como ellos”. Me fui de allí mascando ortigas, con el asco de la muerte y la mansedumbre en la garganta.

No fue el último, quedaba mucha sangre, todavía, con la que tintar las calles. Entre 1976 y 1980 hubo más de cien asesinados por la policía, la guardia civil y los fascistas. De los heridos en ataques fascistas no tenemos la menor idea. La mayor parte de ellos no llegaba ni a la prensa, muchísimo menos a los juzgados. En esos cuatro o cinco años asistimos a una matanza consentida, amparada y bendecida, sin apenas cinismo, por el Gobierno de Suárez, por sus ministros de Interior: Martín Villa, por el general Antonio Ibáñez Freire y por el criminal Juan José Rosón.

¿Qué hizo, ante esto, el PCE? Nada. Cuando comenzaba la sangrienta semana de lucha por la amnistía en enero de 1977 el PCE ya no estaba ahí. Al contrario, hacía cuanto le era posible por desmarcarse de las movilizaciones de la calle, cuya violencia perjudicaba sus promesas de apoyo a Suárez. Pero aquello no fue sólo abandonar la calle, apagar las luchas y desmovilizar las huelgas, fue, sobre todo, un nihil obstat, una carta de corso entregada a aquellos matarifes, a Martín Villa, a Ibáñez Freire, a Rosón, en definitiva a Suárez, que les garantizaba la plena libertad de acción en la calle, el silencio del PCE ante los asesinatos.

Habrá quien diga que aquello fue cosa de Carrillo y que Carrillo se demostró como un traidor, sin embargo Carrillo no fue un traidor. El traidor, por definición, engaña, simula, se oculta, hace lo contrario de lo que dice, pero esto nadie lo podrá decir de ese hombre que, en la materia, siempre fue de una conmovedora sinceridad.

En 1967 declaró: “Nadie -y menos que nadie el partido Comunista- piensa hoy en hacer la revolución comunista. La disyunción que se ofrece al país es dictadura reaccionaria y fascista o democracia”. Más tarde lo volvió a repetir en la II Conferencia Nacional del partido, celebrada en 1975: “En la España de hoy el comunismo no amenaza a nadie. Nuestro partido no pretende establecer un Gobierno comunista”.

En 2012 seguía siendo igual de sincero. En un artículo publicado en “Punto de Vista” escribía, refiriéndose a la participación del PCE en los Pactos de la Moncloa: “¿Por qué hicimos los Pactos de la Moncloa? Porque la crisis originaba un descontento social que podía afectar al apoyo que las masas trabajadoras estaban dando a la Transición democrática española” o dicho de otra manera, porque el movimiento obrero quería ir más allá de los pactos Carrillo-Súarez que, en ese mismo artículo, el propio Carrillo reconoce puestos “negro sobre blanco, en el cambalache de La Moncloa.

En 1979, mientras el movimiento obrero bullía contra la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, y dos estudiantes eran ametrallados por la policía en Embajadores, Simón Sánchez Montero, el día después de esos asesinatos, volvía a dejar clara, en la VI Conferencia del PCE, cuál era la posición del Partido:
«Nosotros continuamos en la línea de la concentración o cooperación democrática, que necesita, en primer lugar, del entendimiento de la izquierda.» y después, para tranquilizar al Gobierno sobre la acción de masas del PCE exponía cuáles eran sus fines negando que ésta supusiera “un desprestigio de las instituci9ones democráticas y que el PCE llevaba la misma política en el Parlamento que en la Calle; y para que se supiera qué era esa política añadió: «No pueden sino desear el fortalecimiento de la democracia aquellos que más han luchado por conquistarla». Es decir, que el PCE procuraba el fortalecimiento del aparato estatal posfranquista, el de la recién inaugurada II Restauración, el fortalecimiento del Gobierno Suárez.

Finalmente, dando a Suárez garantías de que allende el PCE tenía las manos y las balas libres, este sujeto, sin otra seña moral que la de cumplir las órdenes recibidas, indultaba al Gobierno por las muertes causadas y por las que estaban por llegar: ‘El Partido Comunista apoya totalmente la acción de masas, pero no la algarada”. Desautorizaba la huelga de estudiantes, la sentenciaba como “algarada” y daba carpetazo a los asesinatos de la noche del 13 al 14 de diciembre del 79.

No faltarían repulsas, declaraciones de condena, lamentos y aspavientos en relación con los crímenes policiales y fascistas de la época. El PCE lo lamentaba, pero no apoyaba “la algarada”, apoyaba al Gobierno Suárez y, por tanto, como colaborador necesario, apoyaba sus asesinatos.

En las coordinadoras antifascistas de la época uno podía encontrarse con los “chinos” de la ORT o del PT, con los muchachos de la Joven Guardia Roja, con gente del FRAP o del PCE (m-l), con los trotskos de la Liga o el PST, con la gente del MC, con anarquistas de la CNT, con compañeros sin partido… pero jamás vi, ni pasando cerca de allí, a ningún militante del PCE, ni siquiera cuando el muerto era de los suyos.

Esto no ocurrió porque Carrillo fuera un traidor que mantuviera en el engaño a sus militantes. Cada uno de ellos sabía cuál era la línea política del PCE y qué estaba haciendo Carrillo.

Si obedecieron sus órdenes, suya y no de Carrillo, es la responsabilidad. Lo menos que podrían hacer es pensar en ello, avergonzarse de ello y no alardear de una impoluta lucha “por la libertad y la democracia” porque de esta zahúrda en la que vivimos, ellos fueron arquitectos y aparejadores y si alguien se ofende por lo que escribo o es que es un canalla cínico, en cuyo caso me alegro de ofenderle, o es un imbécil ignorante, en cuyo caso es irrelevante que se ofenda o no, o es un devoto para el que la creencia y la fe valen más que la verdad, en cuyo caso, también, se me da un ardite en sus ofensas.

A. Grimaldos. La sombra de Franco en la Transición. Es una recopilación de lo que se conoce sobre los asesinatos policiales y fascistas entre 1976 y 1980.

Rudolf Höss, a punto de ser ahorcado en Auschwitz, el Lager del que fue comandante.

Mientras esperaba en prisión este momento, el del juicio severo de la soga, Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz-Birkenau, escribió sus particulares confesiones y en ellas, el hombre que organizó eficientemente el Infierno en forma de ciudad de 250.000 habitantes, se permitía dictar un juicio moral sobre sus víctimas:

«Uno podría pensar que la similitud de destino y de sufrimientos, debió forjar entre los detenidos vínculos indestructibles. En realidad ocurrió todo lo contrario. El egoísmo feroz no se manifestó en ninguna parte tan brutalmente como en el Campo. El instinto de conservación incita a los hombres a tomar una actitud tanto más egoísta, cuanto más difícil es su vida.

Cristino García Granda

A este hombre, Cristino García Granda, minero asturiano, revolucionario en el 34 y guerrillero del PCE durante el primer franquismo, se le celebra hoy día como «un luchador por la libertad y contra el fascismo», Se usa, en esta proterva, en esta obcecada voluntad de desmantelar el pasado, de adulterar la historia, de extirpar el recuerdo de la revolución española, la fórmula habitual con la que el PCE lleva ochenta años cantando su vasallaje al capitalismo democrático.

Los topoi, las consignas varían poco: luchadores por la democracia y la libertad, por la libertad contra el fascismo, por la paz y la democracia… pero jamás, nunca, cosas como luchadores por la revolución. Patrañas y, en el caso de Cristino García, dos veces patrañas, porque este hombre dijo quién era o quién quería ser cuando Carrillo, por sí y en nombre de la Ibarruri, le ordenó asesinar a Grabiel León Trilla, el que fuera lugarteniente de Jesús Monzón, el hombre que, tras Heriberto Quiñones, consiguió mantener vivo el PCE dentro de las fronteras españolas.

Gabriel León Trilla debía morir porque era el lugarteniente de Jesús Monzón y éste, a su vez, no por disidencias políticas, estratégicas o tácticas con la Ibarruri, Carrillo y los otros exiliados en Moscú, sino por dos razones: La primera porque su permanencia en España le daba el control inmediato de la estructura del partido en el interior y eso no interesaba ni a Carrillo, ni a Antón, ni a los «rusos»; la segunda porque la responsabilidad del la Pasionaria y del resto del Polit Buró, emboscado en Moscú, en el fiasco de la invasión del Val d’Aran tenía que ser lavada con la sangre de un sacrificado.

El 19 de octubre de 1944 unos 5.000 maquis del PCE, hombres fogueados en la guerra española y en la resistencia francesa, comenzaron a infiltrarse en España. La invasión se hacía en nombre de la Junta Suprema de Unión Nacional, un engendro creado por Monzón según las órdenes recibidas de Moscú, que suponía, como siempre, la unión entre stalinistas, militares, franquistas honestos, industriales liberales y clero. Para ponerla en marcha, Monzón estableció relaciones con «franquistas desencantados», con grupos católicos de Sevilla e, incluso, el banquero Juan March, el mismo que financió el golpe de Franco, ofreció dinero y el propio cardenal Segura manifestó su interés en el asunto. Con estos logros, su éxito en la construcción del nuevo «Frente Popular» suscitó encendidos elogios en los exiliados de Mexico y Moscú, es decir, de Carrillo y la Ibarruri.

La invasión del Valle de Arán fue un fiasco. Posiblemente era inevitable que lo fuera, pero para asegurar su fracaso, la estupidez legendaria de la Secretaria General del Partido, de la Pasionaria, y la estupidez selecta de aquellos que en la atmósfera tóxica del estalinismo, medraban en el aparato, abonados de servilismo, ignorancia y vileza; hizo que la radio comunista, La Pirenaica, se pasara semanas dando la noticia y detalles de la inminente entrada de los guerrilleros. Franco, alertado y puesto al día de lo que se avecinaba por los propios “comunistas” tuvo tiempo sobrado para oponerles 40.000 moros bien armados y desplegados en la frontera.

Aquellos imbéciles, que en Moscú no tenía mejor cosa que hacer que babear postrados ante las botas del sátrapa de Tiflis, habían mandado a sus mejores hombres a emprender una guerra de posiciones contra el ejército franquista, a plantear a ese ejército una guerra regular en la que cinco mil maquis tendrían que enfrentarse a medio millón de hombres que, como mínimo, Franco podía desplazar hasta la frontera y, además, lo hicieron, otra vez, no levantando la bandera de la revolución, sino de la alianza con el cardenal Segura y con el banquero Juan March. La derrota fue completa.

La reacción de la Pasionaria y del Polit Buró no podía tardar en producirse. El 6 de febrero del 45 comienza la conjura con un informe remitido por Carrilo a la Ibárruri: si la Junta Suprema de Unión Nacional no había derrotado a Franco, sólo podía deberse a la actuación y responsabilidad de Monzón. Carrillo informaba que se proponía enviar a Zoroa a España para que hiciera volver a París a Monzón y si éste no obedecía, debería ser liquidado.

Monzón, que sabía perfectamente lo que esa llamada a París significaba (Pere Canals, uno de sus hombres, ya había sido asesinado cuando regresaba a la sede del PCE en Toulouse) no dio respuesta. En consecuencia Carrillo envió un telegrama a Moscú, a la Ibárruri: Si se negaba a volver «se le alejará de la organización y se tomarán las medidas necesarias«. Crrillo recibió permiso para «expulsar» a Monzón y a su segundo, Gabriel León Trilla.

El 8 de junio del 45 Jesús Monzón fue detenido en Barcelona por la policía franquista. No está acreditado que fuera delatado por la dirección del PCE, pero lo cierto es que éste se negó a organizar ninguna campaña en su defensa.

Quedaba Gabriel León Trilla, también «expulsado» del partido, es decir, condenado a muerte. Por orden directa de la Ibarruri, Carrillo encargó el trabajo a Cristino García Granda y el minero asturiano le respondió: «yo soy un revolucionario, no un asesino». Dio igual, había más asesinos que revolucionarios en el PCE y Gabriel León murió acuchillado el 16 de septiembre del 45 en el Campo de las Calaveras, un cementerio abandonado de Madrid. El 15 de octubre del mismo año, Alberto Pérez Ayala, mano derecha de Trilla, también fue asesinado. Así se cerraba el asunto del Valle de Arán.

Mucho tiempo después, Carrillo escribió lo siguiente: «Líster nos ha acusado a Dolores y a mi de haber dado la orden de ejecución de Trilla. En aquellos momentos, no había que dar esas órdenes; quien se enfrentaba con el partido (es decir, con Carrillo y Dolores) residiendo en España, era tratado por la organización como un peligro«.

Esta es la diferencia entre un hombre y un canalla, entre Cristino García y Santiago Carrillo o Dolores Ibárruri y por esto, porque él era un revolucionario y no un asesino, supiera o no lo que hacía y en manos de qué despreciable gentuza ponía su valor y su vida, no tenéis derecho a decir que Cristino García Granada era «un luchador por la libertad contra el fascismo», porque el dijo ser y quería ser un revolucionario y por lo que él perdió la vida fue por la revolución social.

La regenta María Cristina jurando la Constitución de 1876

Gabilondo, Iñaki Gabilondo, es la voz del Régimen soportable, del regeneracionismo sentimental, del krausismo finisecular, pero es la voz del Régimen y ha explicado, magistralmente, por qué Podemos también es Régimen, «casta», burguesía:

«Si el crecimiento espectacular de Podemos refleja la magnitud de la ira ciudadana, ¿se imaginan esa ira ciudadana sin Podemos?, ¿se la imaginan descontrolada y suelta?, ¿se la imaginan en las calles? Los que ningunean a Podemos deberían valorar su contribución al encauzamiento de esa indignación en los márgenes de la democracia y reconocer el talento de sus dirigentes».

Entierro de las víctimas de los asesinatos de Atocha

En su biografía de Carrillo, Preston recoge la unánime tesis de que los sucesos de enero de 1977 eran una provocación del franquismo duro que el PCE supo afrontar serenamente.

Sí, seguramente fue una provocación pero esa provocación se produjo en un momento en el que el enemigo retrocedía y temía. La provocación pudo ser la señal que diera comienzo al enfrentamiento necesario. No fue así. El PCE protegió al gobierno Suárez y ahogó la huelga que empezaba a extenderse por el país.

Preston, refiriéndose a la manifestación que acompañó a los muertos de Atocha, dice lo siguiente:

«Carrillo se negó a dejarse provocar y el PCE transmitió apelaciones a la serenidad. En el que había de ser un momento clave de la transición a la democracia, miembros y simpatizantes del Partido Comunista marcharon en silencio en una gigantesca muestra de solidaridad. Tanto Suárez como el rey, quien, según dicen, sobrevoló la marcha en helicóptero, quedaron profundamente impresionados por la demostración de fuerza y disciplina comunista. Sin duda, gran parte de la hostilidad hacia la legalización del PCE se desvaneció gracias a la contención con la que sus partidarios respondieron a la tragedia. Una delegación de líderes de la oposición negoció con Suárez y, a cambio de las promesas de acción contra la violencia del búnker, le ofrecieron una declaración conjunta de Gobierno y oposición para denunciar el terrorismo y hacer un llamamiento al apoyo nacional al Ejecutivo».

Al margen de que en este texto, Preston interprete los hechos como lo que había que hacer, el propio relato delata la realidad. La actuación del PCE no fue la respuesta puntual, más o menos acertada, frente a una provocación sanguinaria, sino una política continuada que se remontaba hasta 1937 y que, desde entonces, no sufrió ningún cambio.

Tras los hechos de mayo en Barcelona, es decir, tras el triunfo definitivo de la contrarrevolución republicana, apareció por primera vez la consigna de la «reconciliación nacional» con los buenos españoles. El PCE proponía una paz honrosa a Franco y sus buenos españoles, aceptando una vuelta de la monarquía e incluso y dio pruebas fehacientes de ello. Con la disolución de las colectividades, el gobierno Negrín decretó la devolución de las propiedades confiscadas tras el 19 de julio a sus legítimos propietarios, que podían reclamarlas, si no se encontraban en territorio republicano, a través de mandatarios, es decir, que podían reclamarlas aún estando en zona franquista. Franco rechazó el ofrecimiento y luego, el asunto de Casado hizo aparecer al PCE como el resistente numantino contra el fascismo… Pero eso no eliminó la política de reconciliación nacional, sino que la perpetuó.

Se llamó así, se le cambió el nombre a Pacto de la Libertad, pero durante cuarenta años fue lo mismo, una propuesta de pacto con católicos, industriales y militares, en el que el PCE aparecía como garante de la «democracia», es decir, del Estado y la propiedad capitalista.

Eso fue la Junta Democrática creada en vísperas de la muerte de Franco, un sitio en el que el PCE convivía muy a gusto con los carlistas o con sujetos tan despreciables como el opusdeísta Rafael Calvo Serer o el vividor José Luis de Vilallonga y, también fue, otra vez, el constante intento del PCE de garantizar a la oligarquía posfranquista, su lealtad. Ya lo había declarado Carrillo en fecha tan temprana como 1967:

Nadie -y menos que nadie el partido Comunista- piensa hoy en hacer la revolución comunista. La disyunción que se ofrece al país es dictadura reaccionaria y fascista o democracia.

Más tarde lo volvió a repetir, en la II Conferencia Nacional del partido, celebrada en 1975:

En la España de hoy el comunismo no amenaza a nadie. Nuestro partido no pretende establecer un Gobierno comunista.

En este contexto, en este constante buscar la credibilidad y demostrar la lealtad al capitalismo español, sucede la matanza de Atocha y lo que el PCE hace es una demostración de fuerza contenida. Enseña los dientes y demuestra a Suárez y al Borbón que igual que los enseña, en unas condiciones de fuerza y de ascenso de la lucha social, los puede extirpar, puede paralizar la lucha con una orden.

Preston no se equivoca cuando afirma que el Borbón quedó impresionado por esa capacidad de disciplina que el PCE imponía a sus militantes, es decir, por esa capacidad de parar la oleada que podía engullirle a él y a sus secuaces. Así, hecha la demostración de fuerza, de fuerza contrarevolucionaria, el PCE estuvo en condiciones de pedir la legalidad a cambio de su colaboracionismo, de su apoyo al gobierno Suárez, de su apoyo a ese gobierno, también, en lo que a los asesinatos, las torturas y el terrorismo de Estado se refiere.

Pobres muertos, pobres muchachos muertos, sin justicia y sin venganza.

Quién fue Adolfo Suárez:

«El Gobierno oculta pruebas sobre la complicidad de España con Videla»

«España planeó una solución final para Euskadi al estilo Videla»